La Procuraduría General de la República advirtió que el proyecto de ley que propone el cierre de RACSA presenta problemas de legalidad y técnica legislativa, así como vicios de inconstitucionalidad.
En su criterio jurídico, la Procuraduría como abogado del Estado, advierte la existencia de “serios vacíos normativos en aspectos sustanciales de índole económica, laboral, regulatoria y patrimonial”, los cuales impedirían la aplicación efectiva de la ley y afectarían los derechos e intereses legítimos, el principio de seguridad jurídica.
Otro de los problemas que contiene el proyecto de ley es que invade la competencia constitucional exclusiva de la Contraloría General de la República (CGR) en lo relativo al manejo de recursos públicos.
El informe también advierte sobre la falta de análisis y regulación en áreas clave, como la reubicación del personal, el proceso de liquidación, los derechos laborales, la gestión de activos y pasivos, la supervisión del cierre, los contratos vigentes y la administración de las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas a RACSA.
RACSA había señalado su preocupación por cuanto el proyecto de Ley 24.105, dictaminado por la Comisión de Modernización y Reforma del Estado, se fundamenta en información desactualizada y carece de estudios técnicos, financieros y jurídicos previos en relación con el eventual traslado de las operaciones de RACSA al ICE.
Ante los vacíos normativos en aspectos sustanciales laborales, económicos, patrimoniales y regulatorios que presenta el proyecto, la Procuraduría recomienda a la Asamblea Legislativa realizar una revisión exhaustiva del proyecto de ley antes de su eventual aprobación.
Se adjunta enlace del criterio oficial emitido por la Procuraduría General de la República: